El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus etapas más críticas desde su asunción, tras la aparición de nuevos escándalos de corrupción que involucran tanto al propio presidente como a figuras clave de su gabinete. El caso más resonante es el del criptoactivo $Libra, que ha salpicado directamente a Milei y a su entorno cercano, luego de que peritajes judiciales revelaran contactos y presuntos acuerdos económicos con los organizadores del fraude financiero. Según la investigación, la promoción pública de $Libra por parte del presidente habría beneficiado a un reducido grupo de inversores, en detrimento de miles de pequeños ahorristas que perdieron sus fondos en cuestión de minutos.

A este escándalo se suma la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias por viajes oficiales irregulares, gastos excesivos y presuntos conflictos de interés relacionados con la actividad profesional de su esposa. La diputada oficialista Marcela Pagano ha impulsado causas penales que detallan triangulación de fondos y contratos con empresas estatales, así como la concesión de predios públicos a empresas vinculadas a asesores presidenciales. La polémica se intensificó tras la difusión de videos y documentos que muestran a Adorni y su familia utilizando recursos estatales para fines personales, lo que ha generado un fuerte repudio social y político.

El impacto de estos hechos se refleja en las encuestas, que muestran un marcado deterioro en la imagen del gobierno y del propio Milei. Según datos recientes, la desaprobación de la gestión supera el 59%, mientras que la aprobación cae a mínimos históricos. El malestar social se expresa en protestas, pérdida de empleos y cierre de empresas, en un contexto de crisis económica que agrava la percepción negativa sobre la administración actual.

En el plano político, las disputas internas dentro del oficialismo se han profundizado, mientras la oposición y sectores sociales exigen explicaciones y sanciones. Analistas advierten que, de persistir la crisis, podría abrirse el debate sobre un eventual juicio político al presidente. El gobierno, por su parte, intenta contener el daño y proyectar una imagen de control, aunque reconoce en privado la gravedad de la situación. El desenlace de esta crisis dependerá de la evolución de las investigaciones y de la capacidad del oficialismo para recomponer su legitimidad ante la sociedad.