El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba presentó una propuesta formal para avanzar en la equiparación salarial de los empleados judiciales provinciales con sus pares de la Justicia Federal, tras años de reclamos y un reciente recrudecimiento del conflicto gremial. La iniciativa, que será evaluada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), contempla aumentos escalonados por categoría y agrupamiento, con el objetivo de alcanzar hasta el 90% del salario federal en un proceso que se extendería hasta 2028.

La propuesta fue presentada en el marco de una audiencia conciliatoria en la Secretaría de Trabajo provincial, luego de intensas negociaciones y medidas de fuerza que incluyeron cinco jornadas de paro en dos semanas. Según informaron fuentes gremiales y judiciales, la oferta prevé una primera etapa de incremento del 4,16% para todas las categorías, a percibir desde el mes próximo, y sucesivas etapas anuales hasta completar la equiparación. Las categorías más bajas, como auxiliares y ayudantes, lograrían la equiparación en dos tramos, finalizando en 2026, mientras que el resto de los empleados la alcanzaría en cuatro etapas, hasta 2028.

El TSJ advirtió que la propuesta es la "única posible" en el actual contexto económico y que, de ser rechazada, será retirada y se descontarán los días de paro. El costo fiscal de la medida será significativo: $1.100 millones mensuales en 2025 y $2.300 millones al finalizar el proceso. Desde el gremio, su secretario general Federico Cortelletti reconoció que la oferta representa un avance, aunque "no recompone por completo la enorme pérdida salarial sufrida" en los últimos años debido a la inflación y el deterioro del poder adquisitivo.

La lucha por la equiparación salarial lleva más de una década y, aunque los jueces provinciales lograron un acuerdo similar en 2012, los empleados judiciales no habían sido incluidos hasta ahora. El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste fiscal y tensiones laborales en el sector público, lo que condiciona la capacidad de respuesta del Ejecutivo provincial. La decisión final sobre la aceptación o rechazo de la propuesta será tomada en una asamblea extraordinaria de trabajadores prevista para esta semana, en la que se definirá el futuro del conflicto y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.