Intendentes de la provincia de Buenos Aires se movilizaron este miércoles al Ministerio de Capital Humano de la Nación para reclamar el pago de una deuda de más de 220.000 millones de pesos destinada a comedores escolares y programas alimentarios. La protesta, encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y acompañada por la vicegobernadora Verónica Magario, reunió a unos 70 jefes comunales de diferentes partidos políticos.

Al llegar a la sede del ministerio, los funcionarios se encontraron con las puertas cerradas y un fuerte operativo de la Policía Federal. En el acceso, un cartel con letras blancas sobre fondo azul rezaba: "Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que se deje paso a quienes saben", en clara alusión al gobernador Axel Kicillof. Ningún funcionario nacional recibió a los manifestantes, quienes tampoco pudieron dejar su petitorio en la sede social de la avenida 9 de Julio.

El reclamo de los intendentes incluye la actualización de los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la incorporación de financiamiento para el Programa MESA, que asiste a más de 2,5 millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según los datos presentados, la Nación aportó en 2024 $70.500 millones, cifra inferior a los $104.939 millones del año anterior, mientras que la inflación acumulada fue del 55,9%. Para 2026, la provincia estima una necesidad de $177.000 millones, pero la propuesta nacional ronda los $80.883 millones.

El gobernador Axel Kicillof, en una reunión posterior con los intendentes en la Federación Argentina de Municipios, criticó duramente al gobierno nacional: "No puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles". Por su parte, Larroque calificó de "provocación" la actitud del Ministerio de Capital Humano y lamentó la falta de diálogo institucional.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión política y social, con recortes en programas alimentarios y una crisis económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la provincia. Intendentes de distintos partidos advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de vida y la necesidad urgente de reforzar la asistencia alimentaria. El gobierno nacional, en tanto, trasladó la responsabilidad a la administración provincial, profundizando la disputa entre ambas jurisdicciones. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias significativas para la gestión de la asistencia social en el futuro cercano.