El debate sobre la reforma laboral en el Congreso argentino fue escenario de una jornada marcada por protestas, huelga general y represión policial en Buenos Aires. La Confederación General del Trabajo (CGT) reportó un acatamiento del 90% a la huelga, afectando sectores clave como el transporte, la industria y la administración pública. Según datos de la Cámara de Líneas Aéreas, se cancelaron unos 400 vuelos, impactando a 64.000 pasajeros.

Mientras la Cámara de Diputados discutía el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda se concentraron en las inmediaciones del Congreso. La Policía Federal y Gendarmería Nacional desplegaron un fuerte operativo, bloqueando calles y montando vallados para resguardar el Parlamento. Los incidentes comenzaron cuando manifestantes intentaron derribar las vallas, lo que provocó la respuesta de las fuerzas de seguridad con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

"¡Corramos! ¡Nos están atacando!", exclamó una periodista durante la represión, que también afectó a medios de comunicación presentes en el lugar. Al menos 14 personas fueron detenidas, incluyendo menores, algunos de los cuales tenían pedidos de captura previos. Los servicios médicos asistieron a varios heridos durante la jornada.

El proyecto de reforma laboral propone cambios significativos en el cálculo de indemnizaciones por despido, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, modificaciones en vacaciones y horas extra, y restricciones al derecho a huelga. Sindicatos y opositores consideran que la iniciativa representa un retroceso de 100 años en materia de derechos laborales, mientras entidades empresariales sostienen que el país necesita consensos para evitar mayor incertidumbre.

La movilización se extendió hasta bien entrada la noche, con consignas como "La patria no se vende" y "Unidad de los trabajadores". Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto regresará al Senado para su revisión. El país enfrenta una coyuntura de alta informalidad laboral y pérdida de empleos formales, en un contexto de fuerte polarización social y política.

La jornada dejó pérdidas económicas estimadas en 489 millones de dólares, equivalente al 20% de la producción diaria del país. Las perspectivas futuras dependerán del desenlace parlamentario y de la capacidad de diálogo entre los distintos actores sociales y políticos.