La Cámara Federal de Casación Penal dispuso un nuevo rumbo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y Sofía Clerici. El tribunal revocó la designación de peritos externos y ordenó que sean los peritos oficiales de la Corte Suprema quienes revisen el patrimonio de los implicados, en respuesta a objeciones fiscales sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.

La causa, que se inició en 2023 tras la viralización de imágenes de Insaurralde y Clerici a bordo de un yate de lujo en Marbella, ha cobrado notoriedad por el nivel de gastos detectados, que incluyen viajes internacionales por más de 100 mil dólares, alquiler de yates y hoteles exclusivos, y la adquisición de bienes no declarados como propiedades y vehículos. Según la fiscalía, estos gastos no guardan relación con el salario oficial de Insaurralde como funcionario público, que rondaba los 1.800 dólares mensuales.

El informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detalla que entre 2021 y 2023, Insaurralde gastó sumas significativas en viajes a Estados Unidos y Europa, y que parte de estos pagos fueron realizados desde empresas extranjeras y vinculadas a contratistas municipales. Además, se detectó la omisión de bienes en las declaraciones juradas de Insaurralde y Cirio, así como la utilización de personas jurídicas para disimular el origen de los fondos.

El fallo de Casación responde a la preocupación de la fiscalía por la designación de peritos externos, señalando la importancia de garantizar la máxima transparencia y debida diligencia en casos de corrupción. "Se investigan graves hechos vinculados a la corrupción, que dañan la legitimidad de las instituciones públicas", sostuvo el juez Gustavo Hornos en su voto, mientras que sus colegas Mariano Borinsky y Javier Carbajo adhirieron a la postura.

Con esta decisión, la causa vuelve al juzgado de origen para que se dicte una nueva resolución y se realice el peritaje oficial. El proceso judicial continúa bajo la mirada pública, en un contexto de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública argentina.