La morosidad de los hogares argentinos alcanzó en 2026 niveles récord, superando incluso los picos observados durante la pandemia, según informes de consultoras privadas, el Banco Central y centros académicos. El salto en la mora, que pasó de apenas 2,5% en 2024 a más de 10% en 2026, genera alarma en el sistema financiero y preocupación por su impacto social.

El fenómeno se explica por una combinación de factores: la inflación acumulada en servicios superó el 360% desde 2023, muy por encima del 170% registrado en bienes, lo que obligó a las familias a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios esenciales. Como resultado, el crédito al consumo se incrementó un 57% y el uso de tarjetas de crédito en supermercados pasó del 39% al 57%. Sin embargo, este mayor acceso al crédito no se tradujo en expansión del consumo, sino en la necesidad de cubrir gastos corrientes.

El deterioro de la cartera crediticia lleva dieciséis meses consecutivos y afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, que recurren a canales no bancarios y prestamistas informales, donde la morosidad supera el 30%. Empresas como Tarjeta Naranja y Cencosud reportan tasas de mora superiores al 25%, mientras que Mercado Pago, con 6,3 millones de clientes, mantiene una tasa del 14,7%.

El impacto no es solo económico. Organizaciones sociales y académicas advierten sobre las consecuencias en la salud mental y la cohesión social, señalando que el endeudamiento se ha vuelto una herramienta de supervivencia más que de planificación financiera. El Congreso debate proyectos de "Segunda Oportunidad" para reestructurar deudas, mientras el gobierno apuesta a la baja de la inflación y las tasas de interés como solución de fondo. Sin embargo, analistas privados y especialistas muestran escepticismo sobre una pronta reversión de la tendencia, advirtiendo que sin recuperación real de los salarios y expansión del crédito, la morosidad podría seguir en aumento.

En este contexto, el sistema financiero implementa estrategias de monitoreo y refinanciación preventiva, pero el riesgo de retroalimentación negativa persiste: si la mora sube, el crédito se restringe y el consumo cae, afectando la recuperación económica. El debate sobre el rol del Estado y la necesidad de políticas de alivio sigue abierto, mientras millones de familias enfrentan el desafío de sostener su consumo básico en un escenario de creciente endeudamiento.