El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis en el transporte público de colectivos debido a la falta de pago de salarios y la demora en la transferencia de subsidios estatales. Desde la medianoche del 9 de abril, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impulsó una retención de tareas en aquellas empresas que no abonaron la totalidad de los haberes a sus choferes, afectando líneas clave en la zona norte del conurbano bonaerense, como San Isidro, Vicente López y Escobar.

La medida gremial se suma a la reducción de frecuencias implementada por las empresas de transporte, que argumentan no poder sostener el servicio ante el incremento del precio del gasoil y la falta de actualización de los subsidios. Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), el precio del combustible que deben afrontar las compañías oscila entre los $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro. Esta brecha, sumada a una deuda estatal que las empresas estiman en casi $120.000 millones, llevó a una reducción de hasta el 40% en la circulación de colectivos en el AMBA.

El Gobierno nacional convocó a las partes a una reunión en la Secretaría de Transporte, donde se propuso la creación de mesas técnicas para avanzar en una reestructuración integral del sistema de subsidios. Sin embargo, las empresas consideran insuficiente la respuesta oficial y advierten que, si no se regulariza la situación, podrían profundizarse las demoras y la reducción de servicios. "Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda", expresó un representante empresario tras el encuentro.

Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando largas esperas y colectivos abarrotados. El viernes 10 de abril, las empresas comenzaron a recibir parte de los fondos adeudados, lo que permitirá cancelar salarios y mejorar gradualmente el servicio. No obstante, las cámaras empresarias advierten que la normalización no será inmediata y que la crisis de fondo persiste, especialmente ante la posibilidad de nuevos aumentos en el precio del combustible y la falta de una solución estructural.

La situación del transporte público en el AMBA refleja un problema de larga data, agravado por factores internacionales y la caída de la demanda. El Estado, que en 2023 cubría el 91% de los ingresos del sector, hoy solo aporta el 63%, en un contexto de reducción del parque automotor y pérdida de pasajeros. Las próximas reuniones entre el Gobierno, las empresas y los gremios serán clave para definir el futuro del sistema y evitar nuevas medidas de fuerza que afecten a millones de usuarios.