El secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, ocurrido en 1970, marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Este hecho, llevado a cabo por la organización Montoneros, fue presentado como un acto de justicia revolucionaria y tuvo profundas implicaciones políticas y sociales.

El operativo comenzó el 29 de mayo de 1970, cuando un grupo de jóvenes pertenecientes a Montoneros se presentó en el domicilio de Aramburu en Buenos Aires, haciéndose pasar por militares. Con uniformes y vehículos estratégicamente ubicados, lograron convencer al general de que los acompañara. Fue trasladado a la estancia La Celma, en Timote, provincia de Buenos Aires, donde fue sometido a dos "juicios revolucionarios". Los cargos en su contra incluían traición a la patria, los fusilamientos de 1956 y la desaparición del cuerpo de Eva Perón.

Durante los tres días en que estuvo cautivo, Aramburu intentó negociar con sus captores, advirtiendo que su muerte solo traería más derramamiento de sangre. Sin embargo, el 1 de junio fue ejecutado en el sótano de la estancia. Su cuerpo fue enterrado en el lugar y encontrado 49 días después, el 15 de julio, tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la familia y al país.

El asesinato fue comunicado por Montoneros como un acto de justicia revolucionaria, con el objetivo de desestabilizar el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Este hecho, junto con la crisis económica y las protestas sociales, llevó a la renuncia de Onganía el 8 de junio y su reemplazo por Roberto Levingston.

Pedro Eugenio Aramburu, nacido en Río Cuarto, Córdoba, en 1903, fue una figura clave en la Revolución Libertadora que derrocó a Perón en 1955. Durante su gobierno, se proscribió el peronismo y se ordenaron fusilamientos de militares y militantes peronistas. Su asesinato marcó el inicio de una espiral de violencia que caracterizó la década del setenta en Argentina.

Las reacciones al hecho fueron diversas. Mientras la familia de Aramburu exigía justicia, sectores del Ejército mostraron divisiones internas. Montoneros justificó el asesinato como un acto de justicia revolucionaria, pero también enfrentó críticas por la violencia empleada. El gobierno de facto dispuso honras fúnebres correspondientes a un jefe de Estado fallecido en ejercicio del cargo y prometió perseguir a los culpables "hasta sus últimas consecuencias".

El asesinato de Aramburu no solo fue un acto de violencia política, sino también un símbolo de las profundas divisiones que marcaron a la Argentina en los años setenta. Con el tiempo, los participantes en el secuestro y asesinato enfrentaron diversas consecuencias legales, aunque algunos fueron indultados o amnistiados. Este hecho sigue siendo un capítulo oscuro y significativo en la historia del país.