A quince años del doble femicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la provincia de Salta vuelve a ser epicentro de reclamos de justicia y memoria. La reapertura de la investigación, impulsada por la familia de las víctimas y una nueva Unidad Fiscal Especializada, busca esclarecer uno de los crímenes más resonantes y polémicos de la historia reciente argentina.

Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, viajó especialmente desde Francia para declarar ante los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz y Gabriel González. En su testimonio, Bouvier reiteró sus críticas a la investigación original, a la que calificó como una “farsa policial y judicial”, y denunció la existencia de perfiles genéticos no identificados que podrían señalar a los verdaderos responsables. “Persigo con tenacidad el objetivo de encontrar a los perpetradores y a quienes los ayudaron a evadir la justicia”, afirmó, subrayando la necesidad de revisar todas las pruebas y pericias.

El caso, ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, conmocionó tanto a la sociedad argentina como a la francesa. Las jóvenes, estudiantes de la Universidad de La Sorbona, fueron halladas sin vida tras ser brutalmente golpeadas, abusadas y asesinadas a tiros. La investigación inicial derivó en la condena a perpetua de Clemente Vera, quien fue liberado en 2023 tras la anulación de su condena por la Corte Suprema, y en la condena de Gustavo Lasi, único detenido actualmente.

La reapertura del expediente se centra en la revisión de pericias genéticas realizadas en Francia, donde forenses detectaron tres perfiles de ADN nunca incorporados formalmente al expediente argentino. La Justicia salteña gestiona el traslado de fiscales y especialistas a Francia para cotejar muestras y tomar declaración a expertos, en un intento por subsanar las fallas del proceso original.

El caso fue recordado en un acto por el Día Internacional de la Mujer en Salta, donde autoridades provinciales y el cónsul francés ratificaron el compromiso con la búsqueda de justicia. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar el dolor, pero reafirmamos nuestra voluntad de que la búsqueda de justicia continúe”, expresó el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún.

Mientras la causa enfrenta el riesgo de prescripción, la familia Bouvier mantiene acciones judiciales en Europa y Argentina, y organizaciones sociales y feministas exigen justicia y visibilizan la violencia de género. El caso sigue siendo símbolo de impunidad y de la lucha por la verdad en el sistema judicial argentino.