El cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fernando, anunciado la semana pasada, provocó un fuerte conflicto entre la empresa, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y el gobierno nacional. La decisión afecta a más de 900 trabajadores, quienes recibieron telegramas de despido y mantienen la ocupación de la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo.

El gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria y promovió reuniones entre las partes, pero hasta el momento no se logró un acuerdo. La empresa exige el desalojo de la planta para revisar la maquinaria y condiciona la reapertura a un cambio en la política arancelaria, especialmente la baja de aranceles a la importación de neumáticos chinos, que según FATE, vuelve inviable el negocio.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires también dictó conciliación obligatoria, generando una disputa territorial sobre la intervención en el conflicto. El sindicato, liderado por Alejandro Crespo, reclama la continuidad laboral y denuncia la falta de aumentos salariales durante más de un año.

El conflicto se intensificó con la decisión del Ministerio de Economía de eliminar la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino, afectando a Aluar, empresa del mismo grupo empresario. Esta medida, vigente desde 2020, protegía a la industria local con un arancel del 28%, pero fue eliminada tras concluir que no existía margen de dumping relevante.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei criticaron públicamente a la empresa y al sindicalismo, acusando a FATE de beneficiarse del proteccionismo y de complicidad con la "vieja política". Por su parte, el expresidente Mauricio Macri lamentó la pérdida de empleos y llamó a los trabajadores a reorganizarse y proteger su talento profesional.

El conflicto ocurre en un contexto de debate por la reforma laboral y tensiones entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. La apertura de importaciones y la baja de aranceles afectan la competitividad de la industria local, mientras el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para combatir la inflación y promover el crecimiento económico. El futuro de la planta y de los trabajadores permanece incierto, en medio de negociaciones y posiciones encontradas.