En Rosario y otras ciudades de Argentina, se llevaron a cabo movilizaciones masivas para exigir la declaración de emergencia en discapacidad. Familias, profesionales y organizaciones se reunieron este jueves en Plaza San Martín y frente al Congreso Nacional, denunciando el desfinanciamiento del sector y la falta de actualización de aranceles.

El proyecto de ley que busca declarar la emergencia en discapacidad, previsto para ser tratado en el Congreso, fue postergado para el próximo miércoles. Mientras tanto, los reclamos se intensifican. Gabriela Sciarra, integrante de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Kinesiólogos, expresó: “Estamos acá tratando de visibilizar el problema porque no hay forma de sostener esto. Nos pagan a tres o seis meses de atraso con un arancel devaluado y desfasado de la realidad económica”.

En Buenos Aires, la movilización incluyó cortes de calles y semaforazos frente al Congreso. Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), denunció que los profesionales están cobrando un 73% menos de lo que deberían según la inflación. “Es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades porque la situación se está haciendo totalmente insostenible”, afirmó.

La crisis afecta tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores de servicios. Los aranceles establecidos por el Estado no se actualizan desde 2024, lo que ha llevado al cierre de centros de día y la interrupción de tratamientos esenciales. “Nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda, y consideramos que seguramente somos un gran gasto, pero tienen que cumplir las leyes”, señaló Claudia Maestre, presidenta de AUPA.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expresó su rechazo al proyecto de ley, calificándolo de "regresivo" y argumentando que apela a un modelo asistencialista que ya ha demostrado ser ineficaz. Sin embargo, las organizaciones y familias afectadas insisten en la necesidad de medidas urgentes para garantizar derechos fundamentales como transporte, terapias y educación.

La movilización tuvo carácter nacional, replicándose en ciudades como Mendoza, Córdoba, Bariloche y Posadas. Consignas como “Lo esencial es invisible al Estado” y “¿Y si fuera tu hijo?” resonaron en las calles, interpelando a la ciudadanía y al gobierno.

El próximo miércoles, el Congreso debatirá el proyecto de ley. Mientras tanto, las familias y profesionales afectados continúan en estado de alerta, exigiendo soluciones concretas para una crisis que no admite más postergaciones.