La Justicia argentina confirmó el procesamiento de los médicos Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, ambos exintegrantes del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el marco de la investigación por el presunto robo de propofol y fentanilo, anestésicos de uso hospitalario. La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que ratificó la continuidad del proceso judicial contra los imputados.

El caso cobró notoriedad tras la muerte, en febrero, del anestesiólogo Alejandro Zalazar, quien fue hallado sin vida en su domicilio con signos de sobredosis de propofol y fentanilo. La autopsia y los elementos encontrados en la escena llevaron a las autoridades a investigar el origen de los medicamentos, determinando que provenían del Hospital Italiano, donde Boveri y Lanusse trabajaban. La investigación judicial se centró en la hipótesis de que los fármacos fueron sustraídos para su uso en fiestas privadas, conocidas como "Propofest".

El procesamiento, dictado inicialmente en abril por el juez Javier Sánchez Sarmiento, fue confirmado por los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, quienes consideraron que los testimonios y pruebas reunidos son suficientes para sostener las imputaciones. El juez Rodolfo Pociello Argerich, en disidencia, opinó que aún no se ha probado fehacientemente el daño patrimonial al hospital ni la procedencia exacta de los medicamentos.

Ambos imputados enfrentan embargos millonarios: $70.929.520 para Boveri y $30.929.520 para Lanusse. Además, se les prohibió el contacto entre sí y la salida del país por 90 días. Las defensas de los médicos apelaron la medida, argumentando falta de pruebas directas y cuestionando la validez de los testimonios presentados.

El caso ha generado preocupación en la comunidad médica y en el Hospital Italiano, que inició un sumario interno y denunció el robo ante la Justicia. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires también presentó denuncias, que fueron unificadas en la causa principal. La investigación continúa, con peritajes pendientes sobre dispositivos electrónicos de los imputados y la posibilidad de nuevas pruebas que podrían esclarecer el alcance del desvío de medicamentos y su impacto institucional.