El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, oficializó este lunes una ampliación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 10/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, busca atender "gastos impostergables" en áreas clave como seguridad, salud y defensa. Sin embargo, la asignación de $25.250 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de los cuales $8.000 millones corresponden a "gastos reservados" sin control parlamentario, ha generado críticas por la falta de transparencia.

Entre las áreas beneficiadas se encuentran las Fuerzas Armadas, que recibirán $113.323 millones para la adquisición de municiones y equipos sanitarios, y el Ministerio de Salud, con $105.269 millones destinados a insumos médicos y vacunas. El Ministerio de Economía también verá un incremento de $188.932 millones para proyectos de infraestructura energética y ferroviaria. Además, se asignaron $200.000 millones al Ministerio de Seguridad para atender emergencias como las inundaciones en Bahía Blanca.

La medida se da en un contexto de prórroga del presupuesto 2023, ya que el Congreso no ha aprobado un nuevo presupuesto desde entonces. Esto permite al Ejecutivo realizar ajustes mediante decisiones administrativas, una facultad contemplada en la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada por sectores opositores, que ven en ella un debilitamiento del control legislativo.

Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, expresó su preocupación: “El Presidente Javier Milei amplió el presupuesto de la SIDE sin discusión en el Congreso. Sobre los ‘gastos reservados’ no hay control alguno. Es preocupante”. Por su parte, fuentes cercanas al gobierno argumentan que los fondos asignados a la SIDE son necesarios para inversiones tecnológicas y operativas.

Esta no es la primera vez que la SIDE recibe un incremento presupuestario. En marzo de 2025, se le asignaron $7.300 millones adicionales, incluidos $1.650 millones en "gastos reservados". En 2024, un decreto similar fue rechazado por el Congreso, marcando un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La ampliación presupuestaria también incluye fondos para proyectos estratégicos como el Gasoducto Sur y el Complejo Hidroeléctrico Cóndor Cliff-La Barrancosa, así como para programas sociales y culturales. Sin embargo, la controversia en torno a los "gastos reservados" de la SIDE ha opacado el anuncio, generando un debate sobre la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos.

En un año marcado por desafíos económicos y políticos, esta medida subraya las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas en la gestión pública.