La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha emitido un fallo histórico que obliga al Gobierno provincial a pagar los salarios adeudados a José Aníbal Molina, un ex preso que trabajó durante 20 años en diversos penales sin recibir la remuneración correspondiente. El fallo, firmado por los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, establece que el Estado deberá abonar los salarios junto con los intereses acumulados desde 2016, cuando Molina recuperó su libertad.

Molina, quien estuvo detenido entre 1996 y 2016, desempeñó diversas tareas en los penales de Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte y Gustavo André. Entre sus labores se incluyen trabajos como fajinero, mimbrero, bibliotecario y agricultor. Según el fallo, se comprobó que trabajó al menos 2,505 días entre 1996 y 2003, y 727 días entre 2004 y 2016, acumulando más de 3,200 días de trabajo.

El caso comenzó cuando Molina intentó iniciar su trámite jubilatorio tras recuperar su libertad, pero fue rechazado por falta de aportes. Esto lo llevó a presentar una demanda contra el Servicio Penitenciario provincial, que inicialmente negó la existencia de una deuda. Sin embargo, la Corte determinó que la falta de registros laborales no puede ser atribuida al detenido, sino que es responsabilidad del Estado.

“Resultaría un contrasentido que sea la persona privada de la libertad quien, luego de recuperarla, deba cargar con la prueba de un hecho cuya constatación es una obligación asumida por la demandada”, señaló el juez Adaro en los fundamentos del fallo. La sentencia también ordena al Gobierno provincial realizar las gestiones necesarias ante la ANSES para subsanar la falta de aportes a la seguridad social.

El fallo ha generado un amplio debate sobre las condiciones laborales en las cárceles argentinas y la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de los detenidos. Además, podría sentar un precedente legal para futuros reclamos similares, lo que tendría implicaciones significativas tanto legales como económicas para el sistema penitenciario.

Aunque el monto total a pagar aún no se ha determinado, se espera que incluya una suma considerable en intereses acumulados. Este caso pone en evidencia las deficiencias en el sistema penitenciario y subraya la necesidad de reformas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas privadas de libertad.