La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una semana decisiva en la disputa por la distribución de fondos entre el gobierno nacional y las provincias. Los gobernadores de las 23 provincias argentinas, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impulsan dos proyectos que buscan modificar la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), ambos con media sanción del Senado y ahora en debate en comisiones de Diputados.

El primero de los proyectos propone que los fondos de ATN se distribuyan automáticamente entre las provincias, según los coeficientes de la Ley de Coparticipación Federal, incorporando esta modalidad a la Ley Permanente de Presupuesto. El segundo proyecto establece que el ICL se reparta en un 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, eliminando varios fondos fiduciarios nacionales y redistribuyendo esos recursos a las jurisdicciones provinciales.

El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha manifestado su rechazo a ambas iniciativas, advirtiendo que recurrirá al veto presidencial si se aprueban en el recinto. "Es muy difícil que suceda algo diferente. Vamos derecho al veto y a buscar los 87 que lo sostengan", expresó un diputado oficialista. Sin embargo, la oposición cuenta con una mayoría en las comisiones y busca avanzar con los dictámenes, previendo una votación en el recinto para el 20 de agosto.

En este contexto, los gobernadores "dialoguistas" que han sellado alianzas electorales con La Libertad Avanza enfrentan un dilema: apoyar los intereses de sus provincias o mantener la lealtad política con el oficialismo. "Estamos pendientes de que el Gobierno abra finalmente un canal de negociación o bien ofrezca una contrapropuesta satisfactoria que nos evite el problema de una votación difícil en el recinto", señaló un dirigente cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La oposición, por su parte, busca condicionar el apoyo a estos proyectos a la colaboración de los gobernadores para rechazar los vetos presidenciales en otras leyes sociales, como el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. El debate se da en medio de una crisis de recursos provinciales y recortes en las transferencias nacionales, lo que ha generado una fuerte presión sobre el Congreso para encontrar soluciones.

El desenlace de esta disputa podría marcar un precedente en la relación entre la Nación y las provincias, así como en la dinámica legislativa de cara a futuras negociaciones presupuestarias. El Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para decidir si promulga o veta las leyes una vez aprobadas, en un escenario de alta tensión política y económica.