El caso de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados en mayo de 2025 en el barrio porteño de Coghlan, continúa generando repercusiones judiciales y sociales. El juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Litvack rechazó el pedido de citación a indagatoria para Norberto Cristian Graf, excompañero de la víctima y principal sospechoso en la causa por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.

La resolución judicial se fundamentó en la falta de una imputación concreta y detallada por parte de la fiscalía, encabezada por Martín López Perrando. "No hay en el dictamen una concreta imputación bajo la cual intimar debidamente al acusado. A efectos de no vulnerar la garantía del debido proceso y de evitar posibles futuras nulidades, devolveré el sumario a la fiscalía para que aclare los términos de su imputación", expresó el magistrado en su dictamen. La decisión implica que el proceso penal se mantiene abierto, pero la fiscalía deberá precisar los hechos y las pruebas que fundamentan la acusación contra Graf.

El hallazgo de los restos de Fernández Lima se produjo el 20 de mayo de 2025, cuando obreros que trabajaban en una obra en Congreso 3748 encontraron fragmentos óseos en el jardín lindero a la casa de Graf. Las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron la identidad de la víctima mediante análisis de ADN, tras 41 años de búsqueda por parte de su familia. El fiscal sostiene que Graf realizó diversas maniobras para encubrir el crimen, como alegar que los restos eran antiguos o que llegaron con tierra traída para rellenar el terreno.

Durante la investigación, se ofreció el testimonio de un excompañero sobre un presunto ataque sexual, pero la fiscalía no lo consideró relevante para la causa. La defensa de Graf celebró la decisión judicial, argumentando falta de pruebas y claridad en la acusación. Por su parte, la familia de Fernández Lima recibió la confirmación de la identidad con tristeza, pero también como una certeza tras décadas de incertidumbre.

El caso, que conmocionó a la sociedad por la larga espera y el hallazgo en una propiedad vinculada a figuras públicas, sigue bajo la lupa judicial. El fiscal López Perrando deberá redefinir la acusación si aspira a concretar el avance sobre el principal sospechoso del crimen ocurrido hace más de cuatro décadas. La resolución del juez Litvack subraya la importancia de garantizar el debido proceso y evitar nulidades que puedan entorpecer la investigación.