Trabajadores judiciales del fuero laboral nacional tomaron este lunes el edificio central ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en la Ciudad de Buenos Aires, y decretaron un paro total de actividades en rechazo al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña, medida contemplada en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La protesta, definida como una acción de emergencia, fue decidida en asamblea y acompañada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que denunció un intento de "desmantelamiento" del fuero laboral y un "atropello a los derechos laborales".

El conflicto se centra en el artículo 91 del proyecto de reforma laboral, que establece la transferencia de competencias judiciales laborales a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de 180 días. Según el gremio, la medida pone en riesgo la continuidad laboral de unos 1700 empleados y la existencia de 30 juzgados, además de afectar la protección de los derechos de los trabajadores. "Se establece el traspaso de competencias en recursos, pero no habla de qué pasa con los empleados, por lo que quedamos en la incertidumbre", expresó Gabriel Galeano, delegado sindical.

La jueza Laura Castagnino, del Juzgado Nacional del Trabajo, advirtió que la reforma podría resultar inconstitucional y reducir la protección laboral: "Este fuero tiene 80 años de historia y después de la sanción de la reforma laboral se disolverían 30 juzgados y una sala en un plazo de 180 días". Castagnino también señaló que la Ciudad tendría solo 10 juzgados para absorber 80 mil causas anuales, lo que genera dudas sobre la viabilidad del traspaso.

La Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación de Magistrados también manifestaron su rechazo, denunciando que la reforma facilita el "atropello" de los derechos laborales y vulnera garantías constitucionales. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca modernizar y descentralizar la justicia, en línea con la autonomía porteña reconocida por la Corte Suprema.

La medida de fuerza incluye un paro nacional de 48 horas y una movilización prevista para el 24 de febrero frente al Palacio de Justicia. El clima de tensión se mantiene en el microcentro porteño, mientras el proyecto de reforma laboral espera su tratamiento definitivo en el Senado. El desenlace del conflicto podría tener implicancias profundas para el sistema judicial laboral y los derechos de los trabajadores en la Argentina.