El gobierno de Bolivia impidió el ingreso a su territorio de una delegación argentina compuesta por legisladores nacionales, porteños y referentes sindicales, que se autodenominó “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El grupo, que arribó al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026, tenía como objetivo relevar denuncias de represión y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las recientes protestas en el país andino.

Según informó la Cancillería argentina, las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó el canciller Pablo Quirno en un comunicado oficial. La delegación, integrada entre otros por el diputado nacional Juan Marino y la legisladora porteña Alejandra Barry, fue retenida en el aeropuerto, donde se les retuvieron los documentos y se les obligó a regresar a la Argentina.

Desde el aeropuerto de La Paz, Barry relató que “nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”. Por su parte, Marino confirmó en redes sociales que no les permitieron el ingreso y que ya estaban en vuelo de regreso. El diputado Germán Martínez denunció que Marino había ingresado previamente por Santa Cruz y exigió a las autoridades bolivianas que pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado”.

La reacción boliviana fue contundente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos por considerar que no respetaban la soberanía del país, mientras que el diputado Alejandro Reyes solicitó investigar el financiamiento de la misión y acusó una posible injerencia extranjera. La Cancillería argentina, por su parte, avaló la decisión boliviana y activó los mecanismos de asistencia consular para los afectados.

El episodio se produce en un contexto de tensión política en Bolivia, tras semanas de protestas y denuncias de represión. Organizaciones sociales argentinas consideraron la negativa a permitir el ingreso como una confirmación indirecta de las denuncias que motivaron el viaje. El incidente añade un nuevo capítulo a la relación bilateral y deja abiertas interrogantes sobre el futuro de la cooperación en materia de derechos humanos entre ambos países.