Argentina obtuvo un fallo favorable en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la condena de más de 16.000 millones de dólares impuesta por la jueza Loretta Preska en el caso por la expropiación de YPF. La demanda, iniciada en 2015 por el fondo Burford Capital tras adquirir los derechos de litigio de la familia Eskenazi, amenazaba con un impacto económico sin precedentes para el país.

El proceso judicial, que se extendió por más de una década y atravesó distintos gobiernos, fue liderado en su defensa por la abogada Mariana Lozza y el equipo de la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones consideró que la jueza Preska había incurrido en errores de interpretación del derecho argentino y que el caso debía resolverse bajo jurisdicción argentina, no estadounidense. Esta decisión fue celebrada por el gobierno argentino y por diversos sectores políticos, quienes destacaron el alivio financiero que representa para el Estado.

El fallo también tuvo repercusiones en los mercados: las acciones de Burford Capital, que había invertido 15 millones de dólares en la compra de la causa y esperaba una ganancia multimillonaria, cayeron un 50% tras conocerse la decisión. El caso puso en evidencia la operatoria de fondos buitre y la falta de transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de los litigios internacionales.

En el trasfondo, la expropiación de YPF en 2012 y la posterior gestión de la empresa siguen generando debate político y económico en Argentina. El fallo sienta un precedente relevante sobre la jurisdicción de tribunales extranjeros en casos que involucran a estados soberanos y podría influir en futuros litigios internacionales. Mientras tanto, el país celebra una victoria judicial que le permite evitar un desembolso millonario y refuerza su posición en la defensa de activos estratégicos.