El debate sobre la posible dolarización de la economía argentina volvió a cobrar fuerza en el escenario público, impulsado por la reciente confirmación de un paquete de asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos y la volatilidad cambiaria. Diversos economistas, consultores y funcionarios se pronunciaron sobre la viabilidad, los mecanismos y los riesgos de reemplazar el peso por el dólar, mientras el gobierno desmintió que la medida esté próxima a implementarse.

Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, calculó que, utilizando el total de reservas internacionales brutas, el tipo de cambio de cobertura sería de $953 por dólar. Sin embargo, al descontar los encajes bancarios, la cifra asciende a $1.362 por dólar. Alfredo Romano, presidente de Romano Group, defendió la dolarización como una oportunidad histórica y sugirió un tipo de cambio oficial de $2.000, estimando que la inflación anual en dólares podría reducirse al 5%. Romano subrayó la necesidad de ingresos externos, reformas y nuevas líneas de crédito para garantizar la estabilidad bajo un régimen dolarizado.

Por otro lado, Emiliano Libman, de Fundar y Cedes, criticó la viabilidad operativa de la dolarización, señalando que serían necesarios casi USD 100.000 millones en reservas netas para cubrir depósitos, cuando el stock real es mucho menor. Libman advirtió sobre los riesgos legales, políticos y económicos de una implementación apresurada, y la exposición a shocks externos por la falta de sincronía entre los ciclos económicos de Argentina y Estados Unidos.

La consultora 1816 y la Fundación Mediterránea coincidieron en que la dolarización requeriría un préstamo externo significativo y legitimidad institucional, sugiriendo incluso una consulta popular para avalar el proyecto. Gustavo Reyes, de Ieral Mendoza, destacó la escasa correlación entre los ciclos económicos de ambos países y la pérdida de ingresos por señoreaje, mientras Maximiliano Gutiérrez remarcó que la baja de la inflación local disminuye el atractivo inmediato de la dolarización.

En el plano político, el gobierno argentino, a través de funcionarios y el propio presidente Javier Milei, negó que la dolarización sea inminente. Milei defendió la competencia de monedas y anunció reformas tributarias, mientras el hermetismo oficial busca evitar filtraciones que puedan afectar negociaciones internacionales. El Congreso y la sociedad mantienen posturas escépticas, y la discusión sobre la dolarización sigue marcada por la necesidad de consenso y respaldo externo.

El resurgimiento del debate refleja la persistente búsqueda de estabilidad económica en Argentina, en un contexto de alta inflación y presión social, y anticipa que cualquier avance en la materia requerirá amplios acuerdos políticos, institucionales y financieros.