El juez federal Martín Poderti fue destituido este jueves por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, tras ser hallado responsable de mal desempeño en sus funciones por la desaparición de 144 monedas de oro bajo su custodia cuando era secretario del Juzgado Federal N°2 de San Isidro. La decisión, adoptada por mayoría, se basó en el incumplimiento del deber de custodia de bienes judicializados, aunque la acusación directa de robo sigue siendo investigada en la justicia penal.

El fallo, leído en el Consejo de la Magistratura, alcanzó el mínimo de cinco votos necesarios para la remoción, mientras que dos miembros del jury votaron en disidencia, argumentando que la destitución debía esperar la resolución de la causa penal. "Quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública", sostuvo la mayoría en su resolución.

La investigación reveló que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti accedió en 19 ocasiones a la caja de seguridad del Banco Nación de San Isidro, donde se resguardaban las monedas y otros bienes secuestrados en una causa por narcotráfico. El faltante fue descubierto cuando el dueño de los bienes, absuelto en el proceso penal, reclamó su devolución y se constató la desaparición de las monedas, valuadas en cerca de 200 mil dólares.

Poderti, quien asumió como juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en diciembre de 2023, negó las acusaciones y sugirió que podría tratarse de una represalia de bandas narco o de una complicidad bancaria. Sin embargo, el tribunal consideró que la gravedad del hecho y la pérdida de confianza pública hacían inviable su permanencia en el cargo.

Con la destitución, Poderti pierde sus fueros y la causa penal por peculado fue elevada a juicio oral. El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre la transparencia y los controles en el Poder Judicial argentino. La resolución del proceso penal será clave para determinar la responsabilidad final del exmagistrado y sus eventuales consecuencias legales.