La Policía de Córdoba intimó a Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, a retractarse públicamente tras declaraciones realizadas en redes sociales luego de recibir una multa de tránsito. El episodio ocurrió el 1 de abril en la Ruta Nacional 9, cerca de Oncativo, cuando un control policial detectó que uno de los ocupantes del vehículo en el que viajaba Maldonado no llevaba colocado el cinturón de seguridad, lo que derivó en la confección de un acta de infracción.

Tras el procedimiento, Maldonado transmitió en vivo el operativo a través de su cuenta de Instagram, donde acusó al agente policial de inventar la multa y amenazarlo con llevarlo preso. En la publicación, también identificó al efectivo y etiquetó a dirigentes políticos, generando una rápida viralización del caso. La Policía de Córdoba consideró que las expresiones de Maldonado excedieron una simple queja y constituyeron afirmaciones "inexactas y agraviantes" que afectan tanto al policía involucrado como a la institución.

Por este motivo, el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín, resolvió enviarle una carta documento a Maldonado, exigiendo que elimine las publicaciones, cese la difusión de mensajes similares y realice una rectificación pública con disculpas en los mismos canales. La intimación establece un plazo de 48 horas para cumplir con estas condiciones y advierte que las declaraciones podrían encuadrarse en los delitos de calumnias e injurias, previstos en el Código Penal. Además, la fuerza no descarta avanzar con acciones civiles por daños y perjuicios.

Se trata de una medida inédita en la provincia, ya que es la primera vez que la jefatura policial impulsa una acción de este tipo como querellante para resguardar el accionar de sus efectivos y la imagen institucional. Consultado por la prensa, Maldonado afirmó no haber recibido la notificación y ratificó sus críticas al accionar policial, señalando que el episodio visibiliza prácticas que, según su visión, son habituales.

El caso reaviva el debate sobre los límites de la crítica pública a las fuerzas de seguridad y la protección de la imagen institucional, en un contexto de creciente escrutinio sobre el accionar policial en Argentina.