El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció el fin de la etapa de conciliación con el gobierno nacional y confirmó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar el pago de una deuda que, según sus cálculos, asciende a 2,3 billones de pesos. La decisión se tomó tras una audiencia celebrada el 11 de junio, en la que representantes del Ministerio de Economía nacional no presentaron una propuesta concreta para saldar la deuda.

Durante la audiencia, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, solicitó una nueva postergación argumentando que aún debían realizar trabajos técnicos para definir un plan de pago. Sin embargo, Kicillof expresó su descontento y dio por terminada la etapa de conciliación, optando por avanzar con una medida cautelar ante la Corte Suprema. "Dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", declaró el gobernador al salir de los tribunales.

El reclamo bonaerense se centra en fondos previsionales y transferencias adeudadas, principalmente por la ANSES, pero también incluye atrasos en coparticipación, obras públicas y otros programas nacionales. Según Kicillof, la deuda total que Nación mantiene con la provincia supera los 22 billones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto anual bonaerense. "No estamos hablando de números pequeños: la deuda ya equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia", enfatizó.

El conflicto se da en el marco de una serie de demandas judiciales iniciadas por la provincia de Buenos Aires, que no transfirió su caja previsional a Nación y, por lo tanto, depende de compensaciones federales. Mientras tanto, el gobierno nacional sostiene que busca mantener el superávit fiscal, lo que ha generado tensiones con varias provincias.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el reclamo bonaerense y cuestionó la figura política de Kicillof. El entorno del gobernador interpreta estas menciones como un reconocimiento de su peso dentro del peronismo, aunque la interna partidaria aún no define candidaturas para 2027.

La falta de acuerdo judicializa aún más la relación entre Nación y Buenos Aires, y deja en suspenso la resolución de un conflicto que afecta la financiación de servicios y obras en la provincia más poblada del país.