A un año de la confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo argentino atraviesa una etapa de intensas divisiones y debates internos. La expresidenta, sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, bajo estrictas condiciones impuestas por la justicia.

La causa Vialidad, que investigó la adjudicación irregular de obras públicas a Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas, culminó con la histórica decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena. Desde entonces, Kirchner se ha convertido en la primera exmandataria argentina en enfrentar una sentencia firme por corrupción. Además de la privación de la libertad y la inhabilitación, la justicia ordenó el decomiso de bienes por más de 684.000 millones de pesos, aunque la ejecución patrimonial aún enfrenta apelaciones y no se ha recuperado el dinero señalado como fraude.

El impacto político de la condena ha sido profundo. El peronismo, principal fuerza opositora, se encuentra dividido entre quienes exigen la liberación de Kirchner y denuncian persecución política y judicial, y quienes buscan distanciarse de su figura para no comprometer sus chances electorales de cara a las presidenciales de 2027. El debate sobre un posible indulto genera tensiones adicionales: mientras el kirchnerismo duro lo reclama abiertamente, otros referentes, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, evitan comprometerse y priorizan una estrategia más amplia para el futuro del partido.

Las condiciones de detención de Kirchner han sido calificadas como "arbitrarias" y "restrictivas" por su entorno y parte del arco político, en comparación con otros casos de prisión domiciliaria. La expresidenta solo puede recibir visitas limitadas y salir de su domicilio por razones médicas. Movilizaciones y actos políticos, como el previsto en Parque Lezama, buscan mantener vigente el reclamo por su libertad, mientras la sociedad argentina permanece polarizada entre quienes la consideran víctima de lawfare y quienes la ven como símbolo de corrupción.

En este contexto, el liderazgo de Kirchner dentro del peronismo sigue siendo motivo de debate. Aunque su capacidad de acción política se ha visto limitada, conserva influencia sobre un sector importante del partido y de la sociedad. El futuro del principal partido opositor y su estrategia electoral dependerán, en gran medida, de cómo se resuelva la situación judicial y política de la exmandataria en los próximos años.