La negociación salarial entre el sindicato de aceiteros y las principales empresas del complejo agroexportador argentino atraviesa una etapa de máxima tensión. El gremio reclama un aumento del 20% y un salario mínimo de 2,8 millones de pesos para la categoría de peón, mientras que las empresas insisten en ajustar los sueldos únicamente en función de la inflación, rechazando cualquier suba adicional. La conciliación obligatoria dictada por el gobierno vence el 18 de junio y, de no alcanzarse un acuerdo, se prevé un paro nacional que podría paralizar la actividad en el sector más dinámico de la economía argentina.

El conflicto se desarrolla en el Gran Rosario, epicentro de la industria aceitera y principal polo exportador del país. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha de soja y maíz de este año se perfila como una de las más importantes de los últimos años, lo que incrementa la presión sobre las partes para llegar a un entendimiento. El mes pasado, el sector agroexportador ingresó divisas por 2.677 millones de dólares, cifra clave para la economía nacional.

El secretario general del gremio, Daniel Yofra, justificó el reclamo en la necesidad de cubrir las nueve necesidades básicas establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. "No pedimos caprichosamente. Peleamos por el salario, con nuestros compañeros y dando la cara", afirmó Yofra, quien también denunció una campaña mediática en su contra y acusó a las empresas de desinformar sobre la verdadera situación salarial.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) sostiene que los salarios del sector ya son los más altos del país y que el pedido sindical es desmedido. "Nuestra propuesta ya está sobre la mesa desde el primer día: dimos el 13,5% y la inflación aún no llegó. Una vez que la supere se irán ajustando los salarios para cerrar el año sin pérdida de poder de compra salarial, pero sin adelantar inflación", señalaron desde la entidad.

El conflicto se da en un contexto de alta rentabilidad para las empresas, pero también de fuerte presión política y sindical. Sectores empresariales y políticos acusan al gremio de utilizar el conflicto con fines partidarios y de manejar fondos millonarios con poca transparencia. El propio intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, denunció el uso de recursos gremiales para financiar campañas políticas locales.

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei observa con preocupación el desenlace de la negociación, clave para la estabilidad económica y política en un año electoral. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente para futuras negociaciones salariales en otros sectores estratégicos del país.