El oficialismo argentino atraviesa una de sus crisis políticas más profundas a pocas semanas de las elecciones nacionales, tras la admisión pública de José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, de haber recibido una transferencia de USD 200 mil de Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La revelación, confirmada por el propio Espert en un video difundido en redes sociales, desató una ola de cuestionamientos internos y externos que sacuden la estrategia electoral del gobierno.

El presidente Javier Milei, junto a su círculo más cercano, decidió mantener a Espert como candidato pese a la presión de aliados y referentes como Patricia Bullrich, quien reclamó explicaciones claras y se distanció del diputado. "No me bajo nada", ironizó Espert en redes sociales, mientras la oposición exige su renuncia y condiciona la aprobación del Presupuesto 2026 a su desplazamiento de la Cámara baja.

La crisis se agrava por la imposibilidad práctica de reemplazar a Espert en la boleta electoral, ya que la impresión de las mismas está avanzada y su nombre figura en la lista de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país. El escándalo, además, complica la relación con aliados del PRO y genera incertidumbre sobre el impacto en el electorado, en un contexto de alta volatilidad económica y política.

Analistas políticos advierten que el gobierno enfrenta una "situación inédita y de extrema debilidad", sin opciones de bajo costo político. "Cualquier decisión tiene un costo alto y ya lo va a tener que asumir", señaló Facundo Nejamkis. El caso Espert, que recuerda otros escándalos recientes, pone en duda la capacidad de liderazgo y manejo de crisis del presidente Milei, mientras la campaña oficialista busca recomponerse en medio de la tormenta.

La situación en Buenos Aires, que representa el 37% del electorado nacional, es especialmente delicada para el oficialismo, que ya enfrentaba dificultades para reducir la diferencia con la oposición. El desenlace del caso Espert podría tener consecuencias de largo alcance para la gobernabilidad y la estabilidad política en Argentina.