El Senado de la Nación decidió postergar hasta febrero el debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en medio de crecientes tensiones políticas y sindicales. La medida fue adoptada luego de que senadores aliados al oficialismo exigieran que se priorice el tratamiento del Presupuesto Nacional antes de avanzar con la reforma, lo que representó un revés para la estrategia del Ejecutivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había convocado a una reunión con senadores con la intención de acelerar el dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de año. Sin embargo, la falta de consenso interno y el rechazo de legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales aliados, quienes insistieron en la necesidad de debatir primero el Presupuesto, forzaron la postergación. "Sin presupuesto no sale la reforma laboral", fue la frase que circuló en los pasillos del Senado, reflejando el malestar dentro del propio oficialismo.

La decisión fue celebrada por sindicatos y gremios, que ven en la reforma un retroceso en materia de derechos laborales. Los dirigentes sindicales advirtieron que mantendrán el estado de alerta y movilización permanente, y consideraron que la postergación les otorga un respiro para organizar estrategias de resistencia. "La lucha marca caminos, a no caer y a estar en alto como organizaciones gremiales", expresaron tras conocerse la noticia.

Desde la oposición, el senador Carlos Linares (Chubut) cuestionó el tratamiento exprés de la reforma y advirtió que la iniciativa no beneficiará a las pequeñas y medianas empresas ni fomentará la creación de empleo. Además, señaló que la reforma podría afectar negativamente a las provincias, especialmente en lo relativo a la reducción de ganancias para grandes empresas.

El Gobierno, por su parte, intentó mostrar control de la agenda a través de un anuncio público de la postergación, aunque la medida fue interpretada como una derrota política. La reforma laboral, una de las principales banderas del oficialismo, queda así en suspenso en un contexto de ajuste fiscal, falta de consensos y creciente presión social. El debate se reanudará en febrero, en un escenario político aún incierto.