El Senado argentino rechazó este jueves el veto presidencial de Javier Milei a la ley que establece el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias, en una votación que contó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Este hecho marca un hito institucional, ya que hacía más de dos décadas que el Congreso no revertía un veto presidencial.

La ley, impulsada por la mayoría de los gobernadores provinciales, busca eliminar la discrecionalidad en la distribución de los fondos ATN, garantizando que los recursos lleguen a las provincias de manera automática y proporcional según los coeficientes de coparticipación. El fondo ATN, que supera los $600.000 millones, ha sido objeto de controversia por la baja proporción distribuida en lo que va del año: solo el 17% fue transferido a las provincias, mientras el resto permanece retenido por el Tesoro nacional.

Durante el debate, legisladores de distintos partidos argumentaron que la norma no afecta el equilibrio fiscal nacional, sino que fortalece la autonomía de las provincias y permite atender necesidades urgentes en salud, educación y seguridad. "Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias", sostuvo el senador pampeano Pablo Bensusán. Por su parte, el radical Maximiliano Abad señaló: "No es lo mismo llegar al superávit por una gestión eficiente, que licuando partidas necesarias para garantizar calidad de vida".

El oficialismo, en cambio, defendió el veto presidencial alegando que la medida podría dificultar la atención de emergencias y reducir la capacidad de respuesta del Ejecutivo. El senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) advirtió sobre el riesgo de que los fondos no estén disponibles en situaciones críticas. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores y legisladores provinciales consideraron que la distribución automática es esencial para garantizar servicios básicos y evitar el uso político de los recursos.

El rechazo al veto se produce en un contexto de creciente tensión política y económica, marcado por derrotas electorales del oficialismo y una economía inestable. Tras la votación, el presidente Milei acusó a la oposición de intentar "romper el equilibrio fiscal" y ensayar un "golpe blando" contra su gestión. La decisión del Senado fue celebrada por gobernadores y sectores opositores como un avance en la institucionalidad y la autonomía provincial.

Para que la ley entre en vigor, el rechazo al veto debe ser ratificado por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El desenlace será clave para el futuro de la relación entre el gobierno nacional y las provincias, así como para la distribución de recursos en el país.