Las trabajadoras de casas particulares en Argentina se convirtieron en el primer sector en firmar un convenio colectivo bajo el nuevo esquema de "salario dinámico", una de las principales innovaciones de la reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El acuerdo, rubricado el 30 de abril y oficializado por la Secretaría de Trabajo, establece que el salario mínimo fijado por negociación colectiva funcionará como un piso, permitiendo que empleadores y trabajadoras negocien mejoras individuales según las condiciones particulares de cada vínculo laboral.

El nuevo esquema contempla incrementos salariales escalonados del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio de 2026. Además, incorpora al salario básico sumas que antes se pagaban como no remunerativas, lo que impacta en el cálculo del aguinaldo y los aportes previsionales. El plus por zona desfavorable también se eleva al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

La cláusula 8 del convenio deja constancia de que los salarios acordados son los mínimos legales, pero no impide que las partes negocien por encima de ellos. Esta flexibilidad es vista por el Gobierno como una herramienta para adaptar los ingresos a realidades económicas diversas y reconocer mejoras vinculadas a la productividad o las características del puesto. "El problema que tenemos en el sector es que los empleadores tomaban el salario básico como tope a pagar y ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso", explicó Juana del Carmen Brítez, secretaria de Organización y Actas de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).

Sin embargo, la medida generó críticas desde la Confederación General del Trabajo (CGT), que advierte sobre el riesgo de fomentar desigualdad y un sistema individualista. El dirigente Héctor Daer calificó el "salario dinámico" como "un delirio" y alertó sobre la posible pérdida de previsibilidad en los ingresos.

El modelo de salario dinámico, previsto en el artículo 104 bis de la Ley 27.802, podría extenderse a otros sectores, como el petrolero, donde se analiza la posibilidad de pactar pluses salariales en función de variables como el precio internacional del crudo. Mientras tanto, el debate sobre la modernización de las relaciones laborales y la protección de los derechos colectivos continúa abierto en la agenda pública argentina.