La preocupación crece en el Congreso argentino ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei no impulse la ley de Presupuesto para 2026, una situación inédita en la historia democrática reciente del país. Legisladores de la oposición, tanto peronistas como ex aliados del oficialismo, advierten que la falta de tratamiento del Presupuesto podría tener graves consecuencias institucionales y económicas.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con la ley de leyes, ya que su debate obligaría a transparentar proyecciones sobre el tipo de cambio y el precio del dólar, temas especialmente sensibles en el contexto electoral. "El Presupuesto contiene todo el plan de gobierno, también el precio del dólar y, si lo someten a debate, van a tener que blanquear la devaluación", explicó un legislador peronista.

Ante este escenario, algunos diputados evalúan presentar denuncias judiciales contra el presidente Milei por incumplimiento de la ley, aunque reconocen que el proceso sería largo e incierto. Otros sectores consideran la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mecanismo previsto en la Constitución Nacional.

El acuerdo más reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que el gobierno debe presentar el proyecto de Presupuesto 2026 ante el Congreso, pero no exige su aprobación. "El compromiso es solo de presentación, no de aprobación", precisó Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Además, el FMI exige que Argentina garantice un superávit primario no menor al 2,2% del PBI para 2026.

De confirmarse la estrategia oficialista, Milei sería el primer presidente electo democráticamente en prorrogar el Presupuesto por tres años consecutivos. En 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, retiró el proyecto de Presupuesto para facilitar la transición, y en los años siguientes el Congreso no trató nuevos presupuestos, prorrogando el anterior.

La falta de debate presupuestario genera preocupación en el Poder Legislativo, donde se considera fundamental para la transparencia y el control del gasto público. El desenlace de esta situación podría marcar un precedente institucional y político de gran relevancia para el futuro del país.