El presidente Javier Milei volvió a estar en el centro de la polémica tras publicar en la red social X el acrónimo "NOLSALP" ("No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas"), en respuesta a informes periodísticos sobre el freno en el acuerdo de exención de visas con Estados Unidos. El mensaje fue emitido horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que prohíbe expresamente manifestaciones políticas de funcionarios y candidatos.

La publicación de Milei fue interpretada como un ataque directo a la prensa, especialmente tras una nota del periodista Marcelo Bonelli sobre el viaje del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Pazo, a Estados Unidos. El episodio se produce en un contexto de tensión política, marcado por denuncias de corrupción y a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito electoral del país.

El medio estadounidense Axios había informado que Washington canceló a último momento la firma del convenio de exención de visas, calificando el hecho de "vergonzoso". La reacción de Milei, respaldando la desmentida oficial y utilizando un acrónimo considerado violento hacia los periodistas, generó un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión y el rol de los funcionarios públicos en la comunicación oficial.

Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido sobre una escalada de agresiones y hostigamiento a la prensa desde el inicio de la gestión de Milei. "El uso del poder para intimidar, silenciar o estigmatizar a la prensa constituye una violación a los derechos humanos", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina. Analistas y especialistas en comunicación advierten que la naturalización de estos ataques puede erosionar la convivencia democrática y limitar el debate público.

Mientras tanto, algunos medios oficialistas han minimizado el tono ofensivo del mensaje presidencial, enmarcándolo como parte de la confrontación política habitual. Sin embargo, la publicación de Milei en plena veda electoral reavivó el debate sobre la responsabilidad institucional de los funcionarios y el respeto a las normas democráticas, en un clima de creciente polarización y desconfianza hacia los medios de comunicación.