La reciente presentación de un anteproyecto de ley para la conservación de suelos y agua en la provincia de Buenos Aires ha desatado una fuerte controversia entre el sector agropecuario, entidades técnicas y autoridades provinciales. La iniciativa, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA), busca actualizar la normativa vigente desde 1988 y declarar de interés público el cuidado integral de los suelos y el agua, estableciendo nuevas obligaciones y controles para los productores.

El proyecto, presentado ante la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, propone la creación de un registro de suelos, la obligatoriedad de planes de conservación aprobados por la autoridad provincial y la conformación de un fondo específico financiado con el 0,08% del presupuesto anual y el producido de multas. Además, otorga al Ministerio de Desarrollo Agrario amplias facultades para definir distritos de cuidado, aprobar o rechazar planes de manejo y aplicar sanciones.

La reacción del sector rural no se hizo esperar. Entidades como CREA, Aapresid y Carbap manifestaron su rechazo, argumentando que la iniciativa representa un avance sobre la propiedad privada y suma burocracia y costos al sistema productivo. Fernando de Nevares, presidente de CREA, afirmó: “No nos gusta la burocracia que genera. No creemos que el Estado tenga que intervenir como controlador y definiendo cómo se usa o se deja de usar un recurso que es privado”. Marcelo Torres, presidente de Aapresid, advirtió que “una mala ley puede resultar totalmente contraria a lo que se quiere promover” y que la discusión debe darse en ámbitos más amplios y coordinados.

Por su parte, desde Carbap se alertó sobre la creación de controles y sanciones que, según su visión, atentan contra la autonomía de los productores y la libertad de producción. “Avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, expresó la entidad.

En defensa del proyecto, el CIAFBA y técnicos como Horacio Repetto argumentaron que la erosión afecta a más del 40% de los suelos bonaerenses y que la ausencia de una ley específica agrava el problema. “Tenemos que solucionar el problema que tenemos con los suelos en nuestra provincia y la herramienta que tenemos para hacerlo es a través de un proyecto que, me parece, es muy valioso”, sostuvo Repetto.

El debate se enmarca en un contexto de alta presión impositiva y desconfianza hacia la intervención estatal, mientras el deterioro del suelo continúa siendo un desafío estructural para la provincia. El anteproyecto aún debe recorrer el proceso legislativo y está abierto a modificaciones y aportes de distintos sectores, lo que anticipa una discusión prolongada y compleja en los próximos meses.