El Gobierno nacional intensificó las negociaciones para avanzar en la reforma electoral que busca suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un movimiento que podría redefinir el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Tras la salida de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió el liderazgo de las conversaciones con gobernadores y bloques aliados, con el objetivo de reunir los votos necesarios en el Congreso.

La propuesta oficialista incluye la incorporación de listas colectoras como alternativa a las PASO, permitiendo que distintas fuerzas políticas compartan una fórmula presidencial pero mantengan identidades propias en las listas legislativas. Esta modalidad, utilizada en el pasado, busca facilitar alianzas flexibles y sumar apoyos sin la necesidad de acuerdos formales. "El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre US$250 y US$300 millones por una PASO", explicó Santilli, justificando la reforma en términos de ahorro fiscal y simplificación electoral.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia de sectores aliados como la UCR y el PRO, que consideran las PASO un mecanismo esencial para ordenar internas y evitar divisiones. "Así como está, la ley no sale", advirtió Patricia Bullrich, quien encabeza las gestiones en el Senado. Desde la oposición, se señala que la eliminación de las primarias podría debilitar la competencia democrática y beneficiar al oficialismo en la carrera por la reelección.

Los gobernadores, actores clave en la negociación, condicionan su apoyo a cambios que les permitan retener poder en sus provincias y buscan garantías de no competencia por parte del oficialismo. Mientras algunos mandatarios, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, se muestran abiertos a la reforma, otros insisten en la suspensión temporal de las PASO en lugar de su eliminación definitiva.

El debate legislativo se desarrolla en un contexto de tensión por la reducción de recursos federales y la necesidad de consensos amplios. La reforma requiere mayoría especial en el Senado, donde los votos radicales serán decisivos. El resultado de estas negociaciones no solo impactará en la dinámica electoral, sino también en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, marcando el rumbo político hacia 2027.