Scioli, el liquidador de los dos íconos del turismo peronista
• El Gobierno nacional despidió a 45 empleados del complejo turístico Embalse en Córdoba y habilitó la venta de terrenos estatales. • El intendente local, Mario Rivarola, se quebró en una entrevista y denunció la falta de apoyo nacional. • La medida genera fuerte impacto social y político en la región.



El Gobierno nacional argentino dispuso la venta de terrenos estatales y el despido de 45 empleados en el complejo turístico Embalse, en la provincia de Córdoba, una medida que generó un fuerte impacto social y político en la región. La decisión, formalizada a principios de mayo de 2026, habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 21 inmuebles, entre ellos tres terrenos ubicados en la costanera del Embalse de Río Tercero, y afectó directamente a los trabajadores del complejo, quienes recibieron las notificaciones de despido a fines de mes.
El intendente de Río Tercero, Mario Rivarola, expresó públicamente su angustia durante una entrevista, donde afirmó: "No damos más, no duermo, no como, no nos dan bolilla". Rivarola relató las dificultades económicas que enfrenta el municipio, agravadas por la baja en la coparticipación nacional y la necesidad de recurrir a créditos para pagar sueldos. "Tengo el hospital superado, entre 75 y 100 personas por día estamos atendiendo porque no doy abasto", agregó el jefe comunal, quien también pidió al presidente Javier Milei y a los legisladores nacionales que trabajen en conjunto para atender la crisis.
El predio de Embalse, declarado Monumento Histórico Nacional, abarca 300 hectáreas forestadas junto al lago, con siete hoteles (dos en funcionamiento), 51 cabañas, piletas, un polideportivo, un centro médico y una sede policial. Parte de las instalaciones fueron reconstruidas en 2022, en el marco de un programa de recuperación del turismo social impulsado por la gestión anterior.
La medida se inscribe en una política nacional de reducción del gasto público y venta de activos estatales, que ha generado preocupación entre autoridades locales y trabajadores por el impacto social y la posible pérdida de patrimonio turístico y cultural. Otros intendentes y actores políticos calificaron la situación como "devastadora" para el interior del país y reclamaron mayor diálogo y apoyo del Gobierno nacional. El futuro del complejo y de sus trabajadores permanece incierto, mientras crecen las demandas de soluciones integrales para la región.
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