La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente correspondió a los jueces federales. El tribunal consideró que el decreto avanzó sobre atribuciones reservadas al Congreso y reguló materia electoral, lo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada al resolver el caso de Liping Yang, un comerciante chino radicado en Entre Ríos, cuya solicitud de ciudadanía había sido rechazada bajo el régimen del DNU. Al revisar el expediente, la Cámara no solo revocó esa resolución, sino que aprovechó el caso para pronunciarse sobre la validez constitucional de las modificaciones introducidas por el decreto en el régimen de ciudadanía.

Según el fallo, el otorgamiento de la ciudadanía no constituye una cuestión exclusivamente migratoria, sino que mantiene una relación directa con el ejercicio de los derechos políticos. "Al modificar la atribución de los juzgados para decidir respecto del otorgamiento o no de la ciudadanía argentina, se altera el régimen establecido por el legislador para la adquisición de los derechos políticos", sostuvieron los jueces.

El tribunal recordó que la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo dictar DNU en materia electoral y que no existían circunstancias de urgencia que justificaran eludir el trámite legislativo ordinario. "Tales consideraciones expresan razones de oportunidad, mérito o conveniencia que incumben a la decisión del Poder Legislativo", argumentaron los magistrados.

La Cámara ordenó comunicar la sentencia al Ministerio de Seguridad y a todos los jueces federales con competencia electoral del país, con el objetivo de unificar criterios respecto de la aplicación del decreto. De esta manera, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.

El fallo fue unánime y se apoya en antecedentes de la Corte Suprema sobre los límites a las facultades legislativas del Ejecutivo. La decisión sienta un precedente relevante para futuros intentos de modificar competencias por decreto y refuerza la protección de los derechos políticos y la jerarquía normativa en el país.