El Gobierno argentino oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que generan más del 7% de la electricidad nacional. Mediante el Decreto 695/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso la venta del 44% de las acciones de la compañía a través de una licitación pública nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% del capital accionario, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.

La medida, anticipada semanas atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en la Ley de Bases 2024, que habilitó la incorporación de capital privado en empresas estratégicas siempre que el Estado conserve la mayoría. Según el Gobierno, la decisión busca garantizar la continuidad de las operaciones de NA-SA "de manera eficiente y competitiva", así como asegurar el financiamiento de proyectos clave, como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento de combustibles gastados en Atucha II.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y dictará las normas necesarias para el proceso, con la intervención de organismos como la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Actualmente, NA-SA depende de aportes estatales para sostener inversiones, a pesar de haber alcanzado en 2024 un récord histórico de generación eléctrica.

La privatización ha generado un intenso debate político y sectorial. Mientras el Gobierno sostiene que la medida permitirá diversificar riesgos y atraer inversiones, sectores técnicos y exfuncionarios advierten sobre el impacto en la soberanía y el desarrollo nuclear nacional. "Privatizar NA-SA es innecesario. La empresa no da pérdidas y su patrimonio intangible es su gente", afirmó José Luis Antúnez, expresidente de la compañía. Además, la decisión se produce en un contexto de paralización de proyectos como el CAREM y la suspensión de acuerdos con China para la construcción de una nueva central nuclear, lo que algunos interpretan como un alineamiento con la agenda nuclear de Estados Unidos.

En el Congreso, la oposición busca frenar la privatización, resaltando el carácter estratégico de NA-SA para el país. El futuro de la industria nuclear argentina y la posible entrada de capitales extranjeros en el sector siguen siendo motivo de discusión y controversia.