El Gobierno argentino analiza una profunda desregulación de los colegios profesionales, según un borrador oficial que circuló en las últimas horas. La iniciativa, que aún no fue presentada formalmente, propone eliminar la obligatoriedad de la matrícula para abogados en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo que quienes posean título habilitante puedan ejercer sin necesidad de inscribirse en el Colegio Público de Abogados. Esta medida, de avanzar, modificaría el régimen vigente establecido por la Ley 23.187, que actualmente exige la matriculación para el ejercicio profesional.

La propuesta también contempla la desregulación de otras profesiones, como enfermeros, martilleros y agentes médicos, así como la derogación de estatutos que regulan la actividad de periodistas, viajantes de comercio y la ley de Teletrabajo. El documento oficial argumenta que la desregulación facilitaría el ejercicio profesional, reduciría controles burocráticos y eliminaría requisitos considerados excesivos por el Ejecutivo.

Sin embargo, la iniciativa genera preocupación entre los colegios profesionales. Bienvenido Rodríguez Basal, presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), afirmó que "la matrícula obligatoria trasciende la simple registración formal" y que "asegura estándares éticos, protege a los justiciables y consolida un modelo de intervención profesional transparente y controlado". Otros abogados advierten que la eliminación de la matrícula podría debilitar la fijación de honorarios y dejar las sanciones exclusivamente en manos de la Justicia, lo que consideran riesgoso para la profesión.

El Gobierno ya había intentado una desregulación similar en diciembre de 2023 mediante el decreto 70, pero la Justicia suspendió esas disposiciones. Actualmente, según datos del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, existen 60.000 profesionales matriculados en la ciudad.

El debate sobre la desregulación profesional se da en el marco de una política más amplia de flexibilización laboral y reducción de regulaciones, impulsada por el Ejecutivo tras la finalización del Consejo de Mayo, en el que no participó la CGT. Mientras el Gobierno sostiene que la medida impulsará la actividad y reducirá trabas, los colegios profesionales insisten en la importancia de mantener controles y estándares éticos. El proyecto oficial aún no fue presentado, por lo que se espera que el debate continúe en los próximos días.