La Justicia argentina resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional, y de su esposa Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión, firmada por el juez federal Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, permitirá a los investigadores acceder a información detallada sobre los movimientos financieros, patrimoniales y fiscales de la pareja y de la firma AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.

La medida alcanza también a seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras de Adorni, con el objetivo de verificar si contaban con la capacidad económica para otorgar préstamos o garantías hipotecarias. Entre las acciones dispuestas, se analizarán cuentas bancarias, tarjetas, inversiones, declaraciones juradas y operaciones con billeteras virtuales desde enero de 2022 hasta la actualidad.

El expediente judicial busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, contrastando la información de sus declaraciones juradas con los movimientos detectados. Entre los puntos bajo investigación se encuentran la compra de un departamento en Caballito, escriturado a US$230.000, y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá, operaciones en las que intervino la escribana Adriana Nechevenko. La escribana, que declaró ante la Justicia, aseguró que las operaciones fueron legales y que su rol fue estrictamente profesional.

El fiscal Pollicita también solicitó información sobre los viajes y gastos de la pareja, incluyendo vuelos internacionales y la participación de Angeletti en actividades oficiales. La investigación se ampara en la legislación vigente sobre entidades financieras y lavado de activos, que permite el levantamiento del secreto bancario y fiscal en casos de sospecha fundada.

El caso ha generado repercusiones políticas y mediáticas. El presidente Javier Milei defendió públicamente a Adorni y cuestionó a los medios de comunicación, mientras que sectores de la oposición y la sociedad civil reclaman mayor transparencia y explicaciones sobre el origen de los fondos y las operaciones inmobiliarias. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis patrimonial, y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.