El gobierno de la provincia de Santa Fe y la Nación firmaron un acuerdo que permitirá saldar parte de la deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia por el déficit de la Caja de Jubilaciones. El convenio, rubricado en Buenos Aires por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá a Santa Fe $120.000 millones en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones, comenzando en mayo de 2026 y extendiéndose hasta abril de 2027.

El acuerdo llega tras años de reclamos y litigios judiciales por parte de la provincia, que estima la deuda total en alrededor de dos billones de pesos. Si bien el convenio representa un avance significativo, Santa Fe no renuncia a su reclamo judicial por el monto histórico adeudado. La diputada nacional Gisela Scaglia aclaró que la provincia mantiene el proceso judicial para exigir el pago de la deuda acumulada por las transferencias no realizadas en tiempo y forma.

El flujo de fondos había sido interrumpido en 2024 a raíz de un decreto presidencial, lo que generó tensiones y dificultades para la administración del sistema previsional provincial. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, subrayó la importancia del acuerdo para la sustentabilidad del sistema jubilatorio santafesino, que depende en gran medida de los aportes nacionales para cubrir su déficit estructural.

El convenio también implica la suspensión por 180 días de los juicios en curso, mientras se realiza una auditoría conjunta para determinar el monto final a pagar por los ejercicios no cubiertos. Pullaro celebró el acuerdo como "un triunfo de todos los santafesinos" y destacó que se reconoce y comienza a saldar lo que le corresponde a la provincia en virtud de la ley.

Este entendimiento refuerza el federalismo fiscal y sienta un precedente para otras provincias que, como Santa Fe, decidieron no transferir sus cajas previsionales a la Nación. La resolución del conflicto permitirá a la provincia planificar con mayor previsibilidad el pago de haberes y la administración de los recursos previsionales, asegurando derechos adquiridos y brindando tranquilidad a los beneficiarios. El proceso de auditoría y diálogo institucional continuará para definir el monto definitivo de la deuda y los mecanismos de pago futuros.