La justicia federal argentina avanza en una compleja investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a Facundo Leal, ex presidente de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El caso cobró notoriedad tras los allanamientos realizados en mayo de 2026 en propiedades de Leal en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, donde se hallaron 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas, cocaína y 19 dispositivos de espionaje profesional.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó el embargo y la inhibición de bienes de Leal y otros nueve acusados, además de prohibirles la salida del país. "Se ordenaron medidas de prueba sobre la trazabilidad del patrimonio", señalaron fuentes judiciales, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y fiscal para investigar movimientos financieros sospechosos. La causa principal investiga presuntos sobornos y contratos irregulares en ARSAT, donde la empresa Argentina Logistic Services habría accedido a contratos mediante simulación de competencia y fragmentación de licitaciones.

En paralelo, la fiscalía federal, a cargo de Ramiro González, impulsa una investigación en ORSNA por posible enriquecimiento ilícito y administración irregular de fondos públicos. Se solicitó información patrimonial y de adjudicaciones a empresas constructoras como Agro, Lemiro Pietroboni, Cemisa y Centro Construcciones, sospechadas de recibir obras a cambio de coimas del 10% del valor de los contratos. La denuncia, presentada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que la estructura de poder instaurada por Leal habría continuado bajo la actual gestión, concentrando funciones y desplazando controles internos.

El caso también involucra a organismos de control como la SIGEN, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que deben informar sobre antecedentes y auditorías en curso. Mientras tanto, Leal permanece detenido por la causa de drogas, aunque la investigación por corrupción sigue su curso en los tribunales federales de San Isidro y Comodoro Py.

La investigación, que comenzó tras un robo en un depósito de ARSAT en enero de 2024, ha destapado una presunta red de corrupción que podría tener implicancias en la transparencia y el control de los organismos estatales argentinos. El avance de la causa es seguido de cerca por la opinión pública y podría impactar en futuras designaciones y contrataciones en el sector público.