El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) finalizó recientemente su programa de retiros voluntarios, una medida impulsada por el gobierno nacional en el marco de un proceso de ajuste y reorganización del sector público. Según fuentes oficiales y sindicales, 905 agentes adhirieron al programa, cifra que representa el 75% de la meta oficial de 1.200 desvinculaciones y el 15,7% de la dotación total del organismo, que contaba con 5.750 trabajadores a principios de año.

El plan, que buscaba reducir la planta a 4.500 empleados, ofrecía una gratificación extraordinaria de 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad y la antigüedad de los agentes. El costo total estimado del programa asciende a $101.717 millones, financiados por el Ministerio de Economía. Sin embargo, surgió una fuerte controversia respecto al reconocimiento de los años trabajados como personal de planta no permanente (PNP), ya que estos no fueron incluidos automáticamente en el cálculo de la indemnización. Muchos trabajadores no fueron informados de que debían dejar constancia expresa de este reclamo en el formulario de adhesión, lo que generó malestar y reclamos gremiales.

La situación fue confirmada por representantes sindicales y trabajadores, quienes señalaron que las capacitaciones virtuales y los instructivos oficiales no detallaron este requisito. Como resultado, solo un número reducido de agentes pudo reclamar formalmente el reconocimiento de esos años, mientras que el resto de los casos quedó sujeto a análisis particular por parte del Consejo Directivo del INTA. "No estaba previsto pagar por los años transcurridos en PNP", indicaron fuentes oficiales, aunque se analiza la posibilidad de que la Fundación ArgenINTA aporte recursos para cubrir algunos de estos casos.

En paralelo, autoridades del INTA manifestaron su preocupación por el impacto de la reducción de personal en áreas estratégicas del organismo. Ariel Pereda, director nacional del INTA, advirtió que la salida de profesionales altamente especializados podría afectar capacidades críticas construidas durante décadas, especialmente en regiones como la Patagonia. "El INTA no tolera más continuar un proceso de ajuste", afirmó Pereda, quien defendió el rol fundamental del organismo en el desarrollo agropecuario argentino.

El proceso de retiros voluntarios, sumado a jubilaciones y vacantes no cubiertas, provocará una reducción cercana al 30% de la planta de personal desde diciembre de 2023. El debate sobre el tamaño y las funciones del Estado en ciencia y técnica continúa abierto, mientras el INTA busca redefinir sus prioridades de investigación y desarrollo en un contexto de menores recursos.