El gobierno nacional, liderado por Javier Milei, dispuso un adelanto de fondos de coparticipación por hasta $400.000 millones para 12 provincias argentinas, en un intento por aliviar la crisis fiscal que atraviesan los distritos ante la caída de la recaudación y el deterioro de las cuentas públicas. La medida, que será oficializada mediante un decreto en los próximos días, establece que los fondos serán otorgados bajo la modalidad de préstamo, con una tasa de interés del 15%, considerablemente menor a la que ofrecen los mercados financieros, donde las tasas oscilan entre el 30% y el 45%.

El esquema alcanza a provincias de diferentes signos políticos, entre ellas Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz. Entre Ríos ya había accedido a este mecanismo a comienzos de año. El adelanto deberá ser devuelto antes de finalizar 2026, lo que permite a las provincias cubrir gastos corrientes y evitar recurrir a endeudamiento externo en un contexto de fuerte restricción fiscal.

La decisión fue articulada por el presidente Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, en diálogo con los gobernadores. Según fuentes oficiales, la medida busca ordenar la relación fiscal y financiera con las provincias, que en los últimos meses han visto caer sus ingresos por coparticipación debido a la baja en la recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias.

De acuerdo con estimaciones privadas y oficiales, las transferencias automáticas a las provincias cayeron más de un 11% en términos reales en marzo respecto a febrero, consolidando una tendencia negativa desde comienzos de año. En el primer trimestre de 2026, la recaudación tributaria nacional registró una caída interanual del 8%, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires descendieron un 6,5%.

El impacto de la crisis fiscal se refleja en la dificultad de varias jurisdicciones para afrontar pagos básicos como salarios, lo que ha generado conflictos con fuerzas de seguridad y estatales en distintas provincias. En este contexto, la Casa Rosada busca evitar un efecto contagio que agrave la situación y contener los reclamos judiciales por fondos adeudados, especialmente en relación con cajas jubilatorias no transferidas.

La provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, no fue incluida en esta etapa del esquema de adelantos, pese a enfrentar también tensiones salariales. Intendentes de todo el país han elevado reclamos por mayor asistencia financiera, pero el auxilio se limita, por ahora, a las provincias más afectadas por la caída de la recaudación.

La medida es vista por funcionarios y analistas como una herramienta para estabilizar las finanzas provinciales y evitar un mayor endeudamiento externo, aunque reconocen que la situación sigue siendo crítica y que el margen fiscal es limitado tanto para la Nación como para las provincias. "Las vacas flacas son para todos", resumió un funcionario nacional, reflejando el clima de preocupación que atraviesa a todos los niveles de gobierno.