Un hecho insólito y conmocionante sacudió a la comunidad de Villa Carmela, en las afueras de San Miguel de Tucumán, cuando un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio, sorprendiendo a familiares, amigos y vecinos que se habían reunido para despedirlo. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios nacionales, dejó al descubierto graves falencias en los protocolos de identificación de personas fallecidas en la provincia.

El incidente se originó el jueves 18 de septiembre, cuando un joven fue atropellado por un camión en la zona del Puente Negro, en Alderetes. Las primeras pericias apuntaron a un posible suicidio, aunque la causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo por el fiscal Carlos Sale. Al día siguiente, una mujer se presentó en la comisaría de Villa Carmela asegurando que el cuerpo sin identificar era el de su hijo, desaparecido desde el día anterior. El reconocimiento se basó únicamente en la ropa y algunos rasgos físicos, sin que se realizaran estudios genéticos ni pericias de huellas dactilares.

Con la autorización judicial, el cuerpo fue entregado a la familia, que organizó el velorio en su domicilio. Sin embargo, en medio de la ceremonia, el supuesto fallecido apareció en la puerta y exclamó: “¡Estoy vivo!”, provocando una mezcla de gritos, llantos y alivio entre los presentes. “Fue un milagro y una pesadilla al mismo tiempo”, relató un familiar a los medios locales. El joven explicó a la policía que había estado varios días en Alderetes consumiendo drogas y que desconocía la confusión generada por su ausencia.

Tras el desconcierto, el cuerpo que estaba siendo velado fue retirado y trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde se ordenaron estudios de ADN y huellas para evitar nuevos errores. Días después, se logró identificar al verdadero fallecido y entregar sus restos a la familia correspondiente. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán reconoció las fallas en los procedimientos y anunció una revisión de los protocolos de identificación.

El caso, que generó repercusión nacional, reabrió el debate sobre la necesidad de controles más rigurosos en la entrega de cuerpos y el impacto emocional que estos errores pueden causar en las familias involucradas.