Un grupo de legisladores nacionales argentinos ha sido invitado por la empresa minera Glencore a realizar un viaje a Estados Unidos, en medio de la polémica por la reciente votación de la reforma de la Ley de Glaciares. La invitación, canalizada a través de la Red de Acción Política (RAP), incluye a senadores y diputados de distintos bloques, algunos de los cuales apoyaron la modificación de la normativa ambiental, mientras que otros manifestaron su rechazo.

Entre los legisladores mencionados se encuentran Victoria Huala (PRO), Mariana Juri (UCR), Fernanda Ávila (Catamarca), Nicolás Massot (Buenos Aires), Nancy Picón Martínez (San Juan), Yamila Ruiz (Misiones), Carolina Basualdo (Córdoba), Guillermo Snopek (Jujuy) y Natalia Gadano (Santa Cruz). El viaje contempla visitas a emprendimientos extractivos y reuniones con actores del sector minero en Estados Unidos, en una agenda orientada a mostrar el potencial de la actividad minera.

La cercanía entre la invitación y el tratamiento legislativo de una norma clave para el sector minero ha generado fuertes críticas desde distintos espacios políticos y organizaciones ambientales. Estos sectores advierten sobre la posible influencia de empresas con intereses directos en decisiones legislativas y cuestionan la transparencia del proceso. "Votar esta ley sería entregarle a Gerardo Morales los proyectos mineros en detrimento de nuestra provincia", expresó el diputado Guillermo Snopek durante el debate parlamentario, subrayando el impacto potencial de la reforma en su distrito.

El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, también manifestó su preocupación por el cambio de postura de algunos legisladores y la posible incidencia de actores económicos en la promoción de la reforma. La situación se da en un contexto de movilizaciones sociales, denuncias de represión y judicialización del proceso legislativo, lo que suma tensión a un escenario político ya complejo.

La polémica por el viaje de los legisladores a Estados Unidos reaviva el debate sobre la transparencia y la relación entre representantes públicos y empresas del sector extractivo, en un momento en que la protección de los glaciares y el desarrollo minero ocupan un lugar central en la agenda pública argentina.