La Justicia federal avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete, tras detectar una serie de gastos y operaciones inmobiliarias que no se corresponderían con sus ingresos declarados como funcionario público. El juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, permitiendo a los investigadores acceder a información detallada sobre cuentas, consumos y movimientos financieros.

Entre los principales puntos bajo análisis se encuentran la compra de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, con un pago inicial de 30 mil y una hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras, y la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, financiada en parte con una hipoteca sobre otro inmueble. En total, los gastos en dólares en los últimos dos años rondan los 90 mil, sin contar los montos de las hipotecas. Además, se investigan gastos en viajes y refacciones.

La escribana Adriana Nechevenko, quien certificó las operaciones, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y aportó documentación. Nechevenko justificó su rol y aseguró conocer a Adorni desde hace más de dos décadas, aunque negó ser amiga personal. La inmobiliaria Rucci Propiedades, por su parte, confirmó que el departamento de Caballito se ofreció inicialmente a 340 mil dólares, pero se vendió a Adorni por 230 mil, atribuyendo la rebaja a negociaciones y condiciones del mercado.

El caso se inició tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano y ha generado repercusión mediática y política. Mientras el entorno de Adorni rechaza las acusaciones y espera que la próxima declaración jurada aclare la situación, la Justicia continúa cruzando datos y tomando testimonios para determinar si los gastos detectados pueden ser justificados con los ingresos registrados o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito. El expediente sigue abierto y bajo investigación, con nuevas medidas de prueba en curso.