La Justicia argentina dictó un fallo histórico al condenar a 25 años de prisión a dos exfuncionarios penitenciarios por su responsabilidad en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 consideró que los hechos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y los calificó como crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles.

Durante la dictadura militar, una requisa en el Pabellón Séptimo derivó en una brutal represión y un incendio que causó la muerte de 65 presos y dejó 88 heridos. El tribunal condenó al exdirector del penal, Juan Carlos Ruiz, y al exjefe de seguridad interna, Horacio Martín Galíndez, a 25 años de prisión por imposición de tormentos reiterados y tormentos seguidos de muerte. Un tercer acusado, Gregorio Zerda, fue absuelto.

El proceso judicial incluyó testimonios de sobrevivientes que relataron la violencia extrema, el uso de armas de fuego, gases lacrimógenos y la propagación del fuego en un pabellón sobrepoblado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa sobre la prescripción de la causa y enfatizaron la responsabilidad estatal en el contexto de la dictadura.

La sentencia fue celebrada por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, quienes durante décadas reclamaron verdad y justicia. "Hoy logramos que se le dé nombre a las víctimas, a las 65 personas asesinadas que estaban en el olvido y que hoy un juez tuvo que leer cada uno de sus nombres en un veredicto condenatorio", expresó Hugo Cardozo, uno de los sobrevivientes.

El fallo también fue destacado por su impacto simbólico y reparador, aunque algunos actores manifestaron su intención de apelar la absolución de Zerda. La causa, que durante años fue presentada como un motín, fue reabierta y visibilizada gracias al trabajo de familiares, abogados y la sociedad civil.

Este veredicto marca un precedente en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en contextos de encierro y dictadura, y refuerza el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.