Las negociaciones paritarias entre la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) atraviesan una etapa de máxima tensión, luego de que la parte empresaria frenara la firma de un acuerdo salarial que, según el sindicato, había sido alcanzado de manera verbal para el segundo semestre de 2026.

De acuerdo con FATRASEP, semanas atrás se había consensuado elevar el salario conformado del Vigilador General a $2.000.050, cifra que consideran indispensable para recomponer el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. Sin embargo, en los últimos días, CAESI se negó a rubricar el entendimiento, argumentando que primero debe discutirse un nuevo convenio colectivo de trabajo. Esta postura fue rechazada por la federación, que sostiene que el convenio vigente mantiene plena validez hasta el 31 de diciembre y que la negociación salarial debe desarrollarse dentro de ese marco.

El conflicto escaló luego de que FATRASEP denunciara que las ofertas empresarias no solo resultan insuficientes, sino que además estarían condicionadas a la renuncia de derechos ya establecidos en los convenios colectivos, una propuesta que el sindicato rechazó categóricamente. "Con el salario, que es la base alimentaria de nuestras familias, no se jode", expresó la Comisión Directiva de FATRASEP en un comunicado.

Frente al estancamiento, la federación declaró el estado de alerta y movilización permanente, anunciando un plan de acción que incluye asambleas informativas, manifestaciones, quites de colaboración y tareas pasivas en empresas como G4S, Prosegur, Watchman, Segar, Securion y Entheus. Además, anticiparon que presentarán una denuncia ante la Secretaría de Trabajo por la negativa de CAESI a continuar la negociación paritaria.

El escenario contrasta con el acuerdo alcanzado en diciembre pasado, que llevó el salario conformado a $1.644.650 en junio de este año y fue replicado en distintos convenios colectivos del sector. Ahora, la falta de avances y el desacuerdo sobre las condiciones para continuar la negociación reabren el conflicto en un sector clave para la seguridad de empresas y servicios en todo el país.

Se espera que las medidas sindicales impacten en el funcionamiento de diversas actividades, mientras las partes mantienen posturas enfrentadas y el conflicto permanece abierto a la espera de una resolución.