La Justicia falló en contra del presidente Javier Milei en la causa por calumnias e injurias que había iniciado contra el periodista Nicolás Lantos, de El Destape. Como resultado, Milei deberá abonar más de 5 millones de pesos en concepto de honorarios a los abogados de Lantos, según la resolución judicial conocida esta semana.

La denuncia, presentada por Milei en julio de 2025, se inscribió en una serie de acciones legales contra periodistas críticos de su gestión. En este caso, la acusación se basó en un comentario editorial realizado por Lantos el 16 de mayo, en el que se hacía referencia al uso de simbología supremacista durante la campaña electoral del presidente. La Justicia, sin embargo, desestimó la denuncia y sobreseyó al periodista.

El juez Daniel Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa coincidieron en que el artículo de Lantos no constituía delito alguno y que el tema tratado era de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la libertad de expresión. "El presidente Milei busca silenciar a periodistas y críticos judicializando la disidencia, mientras adopta símbolos y discursos de la extrema derecha global", sostuvo Lantos en un artículo posterior, donde también criticó la "doble vara" del mandatario.

El fallo judicial también hizo referencia a la simbología mencionada, señalando que el número "1488" es reconocido como un símbolo de supremacía blanca, según la Liga Antidifamación. Este argumento fue parte de la defensa de Lantos, quien sostuvo que su comentario se basaba en hechos verificables y de relevancia pública.

El caso de Lantos no fue el único: Milei también inició acciones legales contra otros periodistas, como Ari Lijalad, Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la prensa crítica. La resolución judicial fue celebrada por sectores periodísticos y organizaciones de derechos humanos, que la interpretaron como un freno a la judicialización de la crítica y una reafirmación de la importancia de la libertad de expresión en la democracia argentina.

El fallo podría sentar un precedente en futuras disputas entre funcionarios públicos y periodistas, reforzando la protección legal de la labor periodística en temas de interés público.