El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de la provincia de Salta comenzó oficialmente el 27 de agosto de 2025, tras la publicación de la Resolución 727/2025 en el Boletín Oficial. La "Operación Presidente Julio Argentino Roca" implica la movilización de más de 10.000 efectivos militares, junto con recursos tecnológicos como drones, radares móviles, helicópteros y sistemas de comunicación, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control en zonas rurales y pasos fronterizos del norte y noreste argentino.

La medida, coordinada por los ministerios de Defensa y Seguridad, se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2025 y se articula con el Plan Güemes, vigente en la frontera de Salta desde 2024. El operativo busca intensificar las tareas de vigilancia y control en áreas no urbanas, contribuir a la demarcación de los límites internacionales y combatir delitos transnacionales como el narcotráfico. El personal militar operará en coordinación con fuerzas de seguridad federales y provinciales, bajo la supervisión de un Comando Conjunto.

Para monitorear el impacto del operativo, se creó un sistema de registro de información y actividades, gestionado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa. El despliegue cuenta con aval judicial en la jurisdicción federal de Salta y está respaldado por la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y el Decreto-Ley N.º 15.385/44.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la decisión frente a las críticas, afirmando que "la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras" y que "solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas". Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su apoyo al operativo, destacando la urgencia de reforzar la presencia estatal en una zona crítica de la frontera.

La operación ha generado debate político y social, con sectores que advierten sobre el alcance de la intervención militar y sus posibles impactos en derechos civiles. Sin embargo, el gobierno sostiene que la medida es necesaria para garantizar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de la Nación Argentina. El despliegue se concentrará inicialmente en Salta y se extenderá progresivamente a otras provincias del Norte Grande, en línea con los lineamientos de política de defensa y seguridad nacional.