Una mujer de 34 años fue imputada en la ciudad de La Plata por el delito de falsa denuncia, luego de que la Justicia determinara que había inventado un violento asalto y abuso sexual en su domicilio, ubicado en las inmediaciones de Plaza Paso. Según la denuncia presentada a fines de agosto, la mujer aseguró haber sido atacada por cuatro hombres, quienes la habrían golpeado, abusado sexualmente y despojado de dinero, electrodomésticos y otros objetos de valor. Además, afirmó haber sufrido graves lesiones, incluyendo fracturas y un hematoma cerebral, y haber recibido atención médica en una clínica privada.

Sin embargo, la investigación llevada adelante por la Fiscalía N°8 y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata reveló múltiples inconsistencias en su relato. El hospital donde supuestamente fue atendida negó haberla recibido, no existían registros de ingreso ni atención médica, y la dirección proporcionada no coincidía con la del centro de salud. Tampoco hubo registros de llamados al 911 ni intervención policial en el domicilio, y los vecinos del edificio aseguraron no haber presenciado movimientos extraños ni haber asistido a la supuesta víctima.

La mujer, identificada como Mariana Nievas Petruzzelli, se negó a realizarse el examen médico legal habitual en estos casos, lo que reforzó las sospechas de los investigadores. Además, la Fiscalía detectó que la acusada había realizado denuncias similares de manera sistemática en los meses previos, lo que fue interpretado como un patrón de conducta planificada.

Con todas estas pruebas, la Justicia resolvió imputarla por el delito de falsa denuncia y citarla a audiencia el 17 de septiembre en los tribunales de La Plata. El caso ha generado preocupación en el ámbito judicial y social por el impacto que las denuncias infundadas pueden tener sobre la credibilidad de las verdaderas víctimas y el uso de recursos del sistema penal. Fuentes judiciales calificaron a la acusada como "denunciadora serial" y destacaron la importancia de sancionar este tipo de conductas sin desalentar a quienes realmente sufren hechos de violencia.

El expediente, a cargo del fiscal Martín Almirón, se inscribe en un contexto de aumento de denuncias por abuso sexual en Argentina, especialmente en el marco de conflictos familiares, y reabre el debate sobre la responsabilidad penal y la protección de víctimas genuinas.